Resumen: Se confirma la sentencia recurrida pero por argumentaciones diferentes a las utilizadas en la instancia en cuanto que aquella resolución ha estimado la demanda por cuestiones no suscitadas en el proceso. La Sala indica que concurre una incongruencia pero entiende que debe resolver la cuestión de fondo, previa estimación que lleva a cabo de la revisión de los hechos. Se trata de una mejora voluntaria de la prestación de incapacidad temporal prevista en el convenio colectivo provincial de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, que la empresa sostiene que no debe abonar porque el contrato de trabajo se encontraba suspendido por causa de un expediente de regulación de empleo Covid. Sin embargo, se considera en el recurso que esa suspensión ya existía con el inicio de la incapacidad temporal y es, precisamente, tal situación la que hace nacer el derecho al complemento de prestaciones. No hay norma que excluya en una suspensión del contrato la no percepción de la mejora, ni el convenio la ha previsto por lo que se confirma el devengo de la misma pero por causa diferente a la de la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución que en primera instancia considera competente a la jurisdicción social para conocer de la reclamación de responsabilidad patrimonial por error en el diagnóstico tras ser infectado de Covid. S in perjuicio de que, en efecto, induce a confusión la parte demandante en el suplico de la demanda, al interesar como primera pretensión que se reconozca el derecho de esta parte al cobro y el efectivo pago de la prestación por incapacidad derivada de enfermedad común desde la fecha de la primera baja hasta el alta definitiva con todos los pronunciamientos legales inherentes, lo que no puede obviarse es que en el escrito de interposición lo que se señaló como objeto de recurso fue la resolución de la Administración autonómica dictada en un procedimiento por reclamación patrimonial. Y suplica subsidiariamente la correcta trammitación de ésta.
Resumen: Protección de datos de carácter personal. Denuncia por portabilidad de línea entre compañías telefónicas sin consentimiento. La AEPD sanciona por infracción del artículo 6, en relación con el artículo 83.5 RGPD. La extemporaneidad que plantea la administración demandada no se aprecia por la Sala, al haberse interpuesto el recurso dentro del plazo de dos meses desde la notificación, descontando el mes de agosto, pese a las previsiones del RDL 16/20 (COVID). Resolución de la controversia por parte del Colegio Arbitral de la Junta de Consumo de Burgos, cuyo laudo fue favorable a la recurrente, pero la Sala indica que dicha decisión es administrativa y no judicial respecto de actos distintos en el tiempo. En cuanto al fondo se examina el requisito de consentimiento, y la grabación que sirvió de base a la portabilidad de línea entre compañías. A la vista de dicha grabación, se concluye que la actora cumplió los requisitos legales, por lo que se deja sin efecto la sanción.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, y contra la resolución expresa desestimatoria, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: La trabajadora, no acredita, ni argumenta, qué incumplió grave ha cometido la empresa que permita extinguir el contrato.
